El Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por el chavismo, ordenó procesar penalmente a siete diputados opositores por «la comisión flagrante» de delitos como traición a la patria y conspiración.
Los legisladores señalados había apoyado la semana pasada una fallida rebelión militar. El tribunal de alzada afirmó en un comunicado que ordenó remitir el fallo al fiscal general, Tarek William Saab, «para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente» así como a la Asamblea Constituyente, que anticipó que levantará la inmunidad a los parlamentarios que respaldaron la sublevación contra el presidente Nicolás Maduro.
Los acusados son Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Andrés Enrique Delgado Velázquez, Amerigo De Grazia y Richard José Blanco Delgado.
Se les imputa «la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio», apunta el comunicado del Tribunal Supremo.
Exige además que la Asamblea Nacional Constituyente «determine lo conducente», según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica demandar el desafuero de los legisladores.
También da conocimiento a la Sala Constitucional del Alto Juzgado, para su conocimiento y demás fines».
En paralelo a la medida, las fuerzas de seguridad venezolana, según reporta la prensa local, tienen tomados y controlados los aeropuertos de Caracas, Charallave y Ocumare, «para evitar huidas por esas vías».