La Unión Europea (UE) anunció el pasado lunes la introducción de «excepciones humanitarias» a las medidas de inmovilización de activos contra Venezuela y un grupo de países que sufren las sanciones unilaterales del bloque.
Esta decisión permite a los «socios humanitarios» y a las agencias especializadas de los Estados miembros de la UE realizar transacciones con personas y entidades incluidas en la lista de sancionados, siempre y cuando el objetivo sea prestar asistencia humanitaria.
Según la UE, esta medida transmite un «mensaje enérgico» de que «las sanciones de la UE no obstaculizan la prestación de ayuda humanitaria» y busca «evitar las consecuencias negativas no deseadas».
La decisión se rige por lo establecido en la Resolución 2664 (2022) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se refiere a una «exención humanitaria permanente» de las medidas de inmovilización de activos impuestas por el ese organismo multilateral.
El Consejo de la UE ha decidido revisar periódicamente las excepciones humanitarias del grupo de diez países, entre los que se encuentra Venezuela, y de otros gobiernos con medidas restrictivas de la UE.
Esta medida ocurre dos semanas después de que el Consejo europeo extendiera por seis meses más las sanciones contra Venezuela, que impuso desde 2017 y que incluyen un embargo de armas, la prohibición de viajar y la congelación de activos de 54 personas.
El gobierno venezolano ha calificado las sanciones de la UE como «ilegítimas» y «discriminatorias». El presidente Nicolás Maduro ha denunciado que las sanciones han provocado una «crisis humanitaria» en el país.
Las ONG humanitarias han celebrado la decisión de la UE, pero han llamado a que las sanciones sean levantadas por completo para que la ayuda pueda llegar a todos los que la necesitan.