La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes el cierre de su oficina en Caracas. El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang explicó, durante la apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte, que pese al “compromiso sostenido” con las autoridades venezolanas, no se ha logrado un “progreso real” en el principio de complementariedad, que exige a los Estados investigar de manera seria los crímenes atribuidos antes de que intervenga la CPI.
“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, señaló Niang.
Investigación sigue activa desde La Haya.
Aunque la oficina en Venezuela dejará de funcionar, Niang aclaró que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país “permanece activa” y será dirigida por un equipo de fiscales desde La Haya.
El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó acusando a la CPI de promover un “colonialismo jurídico” contra Venezuela y de instrumentalizar la justicia internacional en perjuicio de los países del Sur Global.
El caso Venezuela I.
La oficina de la CPI en Caracas fue instalada en 2024 tras la solicitud conjunta de seis países: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. El expediente, conocido como Venezuela I, investiga violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad desde febrero de 2014, cuando una ola de protestas dejó decenas de muertos y centenares de heridos.
En 2020, la entonces fiscal Fatou Bensouda concluyó que existían fundamentos razonables para creer que autoridades civiles y militares habían cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo encarcelamientos arbitrarios y privaciones graves de libertad.
Un proceso lleno de tensiones.
En 2021, la Fiscalía decidió avanzar con la investigación y firmó un memorando de entendimiento con el gobierno venezolano. Sin embargo, en 2022 el fiscal Karim Khan solicitó reanudar la pesquisa al considerar insuficientes los esfuerzos locales. La Sala de Apelaciones autorizó la continuación en 2023, lo que generó nuevas críticas de Caracas.
Finalmente, en agosto de 2025, Khan fue apartado del caso por un posible conflicto de interés, aunque aseguró aceptar plenamente la decisión.