Estados Unidos incautó el petrolero Skipper frente a las costas de Venezuela en un despliegue militar que marca un nuevo capítulo en la confrontación con Caracas. El presidente Donald Trump anunció que su país se quedará con el crudo transportado, mientras Nicolás Maduro calificó la acción de “piratería criminal”.
El caso del Skipper.
El buque, sancionado en 2022 por transportar crudo iraní, fue interceptado en el Caribe bajo orden judicial estadounidense. En esta ocasión llevaba 1,9 millones de barriles de petróleo de Pdvsa y navegaba con una bandera falsa de Guyana. Tropas armadas descendieron desde helicópteros y tomaron el control de la embarcación de 333 metros de eslora.
Maduro denunció la desaparición de la tripulación, mientras Washington asegura que investigadores estadounidenses la están interrogando.
Debate legal y acusaciones.
La Casa Blanca sostiene que la operación se ajusta a la ley y que el buque será trasladado a un puerto estadounidense para decomisar la carga. Sin embargo, expertos cuestionan la legalidad internacional de la incautación. “Sienta un precedente peligroso y constituye una violación del derecho internacional”, advirtió Francisco Rodríguez, del CEPR.
Impacto en la economía venezolana.
El petróleo representa más del 80% de las exportaciones de Venezuela. La confiscación incrementa la incertidumbre entre los exportadores y supone un golpe directo a los ingresos del régimen. Pese a ello, Pdvsa mantiene operaciones con Chevron bajo licencia especial del Tesoro estadounidense.
Conexión con los operativos en el Caribe.
La acción se enmarca en la estrategia de presión de Washington, que vincula a Maduro con redes de narcotráfico. La administración Trump ha intensificado maniobras militares en el Caribe, destruyendo embarcaciones sospechosas y advirtiendo de futuros ataques terrestres.