Según la Fiscalía General de Colombia, 288 venezolanos son reportados como víctimas de desaparición forzosa en Colombia desde 2015. En ese tiempo la crisis económica y humanitaria en Venezuela desencadenó un éxodo de migrantes y refugiados.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, agencia que supervisa una base de datos de personas desaparecidas. Dice que el número real es probablemente mucho mayor, con casi 1.500 venezolanos desaparecidos desde 2015.
Cerca de 2,5 millones de venezolanos se han establecido en Colombia desde que comenzó la crisis. Son elegibles para permisos de residencia de 10 años, pero enfrentan escaso empleo formal y discriminación. En algunos casos, las esperanzas de una vida mejor se ven atenuadas por la violencia interna del país.
Según un informe de R4V, una plataforma interinstitucional liderada por la Organización Internacional para las Migraciones. En conjunto con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados las pandillas y los grupos armados de toda América Latina atacan a los migrantes venezolanos para el reclutamiento forzado, el tráfico sexual y la explotación en minas ilegales, delitos que pueden resultar en su desaparición.
«Debido a su situación vulnerable, la ausencia o falta de acceso a un mecanismo para regularizar su estatus legal, la falta de recursos y la falta de una red familiar y comunitaria, pueden ser especialmente susceptibles», dijo Chiara Marinelli, coautora del informe.
Nadie luchando por ellos
Aunque un acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno condujo a una reducción de la violencia en el país, algunas áreas aún están sumidas en conflictos entre grupos armados más pequeños, que se aprovechan de las comunidades vulnerables para reclutar jóvenes e imponer reglas en grandes extensiones de territorio.
Los refugiados y migrantes a veces desconocen los riesgos que representan los grupos criminales en algunas partes de Colombia, o están dispuestos a enfrentar los peligros para obtener ingresos o transitar por el país.
Entre estos peligros se encuentra la desaparición forzosa, un delito que elimina todo rastro de la víctima y es empleado por grupos armados para infundir miedo en las comunidades. Según los informes, más de 120.000 personas han desaparecido en todo el país como resultado del conflicto armado de Colombia.
Según grupos de derechos humanos, los migrantes y refugiados están menos equipados para defenderse a sí mismos como víctimas. Un estatus que les diferencia de los ciudadanos colombianos, ya que luchan por acceder a un sistema de justicia desconocido y enfrentan discriminación en el camino. Tampoco son elegibles para registrarse como víctimas del conflicto armado de Colombia, lo que les impide recibir pagos de reparación.
Los casos de los venezolanos no tienen prioridad
«Los familiares de colombianos desaparecidos están todos los días en la fiscalía. Hablan con los medios de comunicación, tienen el apoyo de grupos de derechos humanos. En cambio, las familias migrantes no están familiarizadas con el proceso para presentar una denuncia y no hablan con los medios por miedo». Así declara Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, un grupo de derechos humanos que ha investigado los casos de desaparición forzosa a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela durante tres décadas.
«Si la oficina del fiscal general no investiga los casos de colombianos que han estado luchando por esta causa toda su vida. ¿Qué posibilidades tienen los venezolanos cuando no hay nadie luchando por ellos?»
Como es el caso con muchos informes de desapariciones forzadas en toda Colombia, la impunidad es generalizada en los casos de venezolanos desaparecidos. Según la oficina del fiscal general, de los aproximadamente 250 casos abiertos desde 2015, algunos de los cuales involucran a múltiples víctimas, la gran mayoría, 225, no se han resuelto y aún están activos.
Un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia alentó al gobierno colombiano a incorporar a la población migrante en los esfuerzos de consolidación de la paz. También a acciones que permiten mejorar las malas condiciones socioeconómicas que hacen que los migrantes sean vulnerables a los grupos armados. El informe de R4V, por su parte, propuso que los grupos humanitarios informen a los migrantes y solicitantes de asilo sobre sus derechos a denunciar delitos y los guíen en el acceso al sistema de justicia.