Un cambio profundo en la política minera.
El Parlamento venezolano, dominado por el chavismo, aprobó por unanimidad una nueva ley de minas que elimina el control exclusivo del Estado sobre la explotación de minerales. La norma, de 131 artículos, sustituye la legislación sancionada en 2013 bajo Hugo Chávez y permite la participación de empresas nacionales y extranjeras en la extracción de oro y otros minerales estratégicos.
Concesiones y garantías para inversionistas.
Las concesiones tendrán una duración máxima de 30 años, con posibilidad de prórroga por dos períodos de 10 años. La ley incorpora mecanismos de mediación y arbitraje internacional para resolver conflictos, una demanda recurrente de las compañías ante el historial de expropiaciones en el país.
Expectativas económicas y geopolíticas.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha presentado la norma como una oportunidad para atraer inversión extranjera y revitalizar la economía. La aprobación llega tras el levantamiento de sanciones sobre el oro venezolano y en un contexto de acercamiento con Estados Unidos, interesado en los recursos minerales del país, especialmente las tierras raras.
El Arco Minero del Orinoco en el centro del debate.
La nueva ley impacta directamente en el Arco Minero del Orinoco, un territorio de más de 112 mil km² rico en oro y minerales estratégicos. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y Naciones Unidas han denunciado graves violaciones de derechos humanos, explotación ilegal y devastación ambiental en la zona, calificando parte de la producción como “oro de sangre”.
Regalías y control estatal.
Aunque se abre la explotación al capital privado, la propiedad de los yacimientos sigue siendo de la República. El Banco Central de Venezuela tendrá prioridad en la compra del oro extraído, y las regalías al Estado se fijan en un máximo del 13% de la producción bruta, pagaderas en dinero o especie.