La AN aprobó de manera unánime, Ley de Protección de Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero. La pieza legal establece penas para los responsables «de los robos de activos» de 15 a 20 años de prisión.
«Se remite al Ejecutivo a los fines de su promulgación de acuerdo a lo establecido en la constitución.
Es justicia, por la patria, por el rescate de los activos robados por esta banda de ladrones (refiriéndose a la oposición), por los dineros que fueron sustraídos para hacerle daño al pueblo», dijo Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento en el plenario.
De igual manera dijo que el gobierno bolivariano debe rescatar los recursos robados y «obligados a sancionar duramente» a quienes han traicionado el juramento de respeto a la patria, comportándose comportaron como corsarios propinando profundo daño al pueblo venezolano y sus instituciones.
«Que estos dos instrumentos legales que de manera urgente aprobó la Asamblea Nacional, la Ley de Extinción de Dominio y esta nueva Ley de Protección de Activos para proteger a nuestros activos sean herramientas fundamentales para el rescate de los dineros y activos robados, y el castigo de quienes incurrieron en tan graves delitos», exclamó.
El Proyecto de Ley lo presentó fue presentado por Diosdado Cabello, para su segunda discusión, luego de que se realizó una consulta pública, en la que, según su información, asistieron más de 135 personas de diversos organismos del Estado.
«Declaramos como nula cualquier intento o acción de organismos internacionales que sean contra bienes del Estado y que le pertenezcan a Venezuela, no le pertenece ni a Estados Unidos, ni a ningún grupo político de la oposición», expresó.
De igual manera, propuso sanciones para quienes han usurpado cargos, como es el caso de Juan Guaidó y los participantes del gobierno interino, proclamados tras el desconocimiento de los resultados electorales de 2019. La ley propuesta busca condenar a quienes han dilapidado los bienes de la nación.
La aprobación de este instrumento legal ocurre mientras Venezuela está ante la posibilidad de perder Citgo, que es su activo estadounidense más importante.
A principios de mayo, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió la Licencia General N.º 42, en la que autorizó a la opositora Asamblea Nacional electa en 2015 llevar a cabo las gestiones necesarias para acuerdos de conciliación de deuda del gobierno o de la estatal petrolera PDVSA.