Miles de ciudadanos argentinos realizaron la noche de este miércoles Cacerolazos en repudio al paquetazo neoliberal anunciado por el presidente Javier Milei, que busca privatizar empresas públicas y avasallar derechos laborales.
Javier Milei anunció un histórico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y derogó más de 300 leyes, con el fin de desregular la economía argentina y evitar «la peor crisis de la historia».
El presidente anunció una serie de derogaciones de leyes vigentes, entre las que mencionó:
- Ley de alquileres
- Ley de abastecimiento
- Ley de góndolas (control de precios)
- Ley de Compre Nacional (fomento de la producción local)
- Ley de control de precios
- La ley de producción industrial
- Ley de Promoción Comercial
- Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.
- Ley de Tierras
- Derogación del régimen de sociedades del Estado
- Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.
- Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional
- Modificación de la Ley de Manejo del Fuego
- Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción
- Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola
- Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera
- Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas, la compañía estatal de vuelos
- Implementación de la política de cielos abierto
El impacto
Según un artículo de El Informador Internacional, el 13 de diciembre de 2023, la administración de Javier Milei anunció 10 medidas económicas, que incluyen la reformulación de ministerios y secretarías, la pausa de la obra pública y la reducción de subsidios en energía y transporte.
El mismo artículo también menciona que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció el abordaje.
Además, un artículo de El País señala que el programa económico propuesto por Milei podría crear más desigualdad socioeconómica al reducir el papel del Estado en la redistribución y el bienestar social. Una reducción importante del gasto público aumentaría los ya elevados niveles de pobreza y desigualdad, y podría provocar un aumento significativo de las tensiones y los conflictos sociales.