La Asamblea Nacional de Venezuela, está considerando eliminar el llamado «impuesto ala sombra» sobre los productores de petróleo a medida que se desploman los precios brutos, según reporta Reuters.
El «impuesto en la sombra» se refiere a una condición en los contratos que rigen las empresas conjuntas entre la petrolera estatal Petróleos de Venezuela y las compañías petroleras privadas que efectivamente garantiza que el Estado siempre recibirá al menos el 50% de los ingresos totales de los
proyectos.
En una reunión la semana pasada mientras los precios del petróleo continuaron su caída libre de semanas, resultado de la caída de la demanda debido al brote de coronavirus y una guerra de precios entre los principales productores, miembros del comité de energía del congreso discutieron la medida como una forma de hacer a Venezuela más atractiva para los inversionistas, dijo la gente con la condición de anonimato.
Los futuros de crudo de Estados Unidos de antes de un mes han negociado en territorio negativo por primera vez en la historia esta semana.
El impuesto en la sombra dirige efectivamente una mayor proporción de los ingresos generales al gobierno cuando los precios caen, creando un obstáculo adicional para las empresas privadas en la nación de la OPEP, asolada por la crisis, donde la producción de petróleo se ha desplomado en los últimos tres años debido a la infrainversión, la mala gestión y, más recientemente, las sanciones estadounidenses destinadas a destituir al presidente socialista Nicolás Maduro.
«El inconveniente del impuesto a la sombra es que es regresivo», dijo uno de los habitantes.
Una propuesta de reforma del contrato tipo para empresas conjuntas, de fecha 20 de abril, elimina la exigencia del contrato actual que las empresas conjuntas entregan al gobierno «la diferencia, si la hay, entre el 50% del valor de los hidrocarburos extraídos… y la suma de todos los pagos efectuados por la empresa conjunta a la República Bolivariana de Venezuela.»
Sin duda, incluso si la propuesta fuera aprobada por el Congreso, tendría poco impacto inmediato, ya que Maduro considera nulas sus resoluciones y ha creado un órgano legislativo paralelo amigable con el
gobierno.
Los políticos de la oposición argumentan que Maduro usurpa el poder después de amañar su reelección en 2018.
Buscan preparar reformas a las leyes del país para facilitar la reapertura de la economía en caso de que aseque sus llamadas a dimitir.
Los legisladores también están considerando reducir las regalías por el gas natural reinyectado, informó Reuters la semana pasada.