Activistas defensores de Derechos Humanos celebraron hoy el avance a la fase III del examen preliminar la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el caso Venezuela I, referente a los crímenes de lesa humanidad que habría cometido Nicolás Maduro desde 2017.
«Nos sentimos satisfechos porque hemos llegado a este punto de manera veloz, y todo parece indicar que vamos a seguir avanzando a este paso», afirmó Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, durante una rueda de prensa en Caracas.
Explicó que cuando se haga la presentación formal del informe de la fase II estimada para diciembre, se pasará a la frase III, en la que «el gobierno va a tener que demostrar que se están investigando estos crímenes de lesa humanidad», cometidos durante las masivas protestas antigubernamentales del 2017, que dejaron unos 125 muertos,»hasta con la posibilidad de los delitos de 2014 si es pertinente».
«Si en Venezuela están dadas las condiciones para que los culpables de esos crímenes que está revisando la Fiscalía del Tribunal Penal internacional terminen siendo condenados, la Corte no se puede meter, y eso fue básicamente lo que le dijo ayer la fiscal a los funcionarios del gobierno», expresó.
En la víspera, Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Interamericana, le comunicó en una reunión en La Haya a Tarek William Saab, fiscal designado por la Constituyente chavista y a Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, que hay motivos suficientes para creer que Venezuela incurrió en delitos de lesa humanidad.
Himiob sostuvo que la presencia de los funcionarios del gobierno en La Haya «no tiene porque preocupar a nadie porque en estas instancias hay que respetar el derecho a la debida defensa».
Sin embargo, destacó que «es interesante ver como en los casos en los que definitivamente está muy claro que se han cometido crímenes de lesa humanidad el poder está haciendo todo lo posible para echar para atrás el abuso».
«Están tratando de mostrar una cara diferente y eso demuestra pese a que no lo dicen que les preocupa mucho porque esto no habla de responsabilidad de Estado sino de responsabilidades de individuos», enfatizó En este sentido dijo que «en este momento no hay investigaciones abiertas en la CPI contra nadie, porque todavía no hemos llegado a esa fase, pero se ha remitido información que está siendo investigada».
A su vez Humberto Prado, designado como comisionado presidencial para DDHH por Juan Guaidó, jefe del Parlamento, dijo que confía en que la fase III «será completada con éxito, para que se inicie una investigación formal por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el régimen».
Advirtió que «las contadas investigaciones sobre mandos bajos que pudiera pretender acreditar el Fiscal del régimen, no resultarían suficientes para evitar la intervención de la CPI».
«Urgimos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tratar con celeridad la situación de Venezuela,pues, solo en la medida que eso suceda, podrá obtenerse una verdadera justicia», afirmó.
Mientras que Rafael Narváez, defensor de DDHH sostuvo que la declaración de Bensouda, «es un paso sumamente importante para iniciar la investigación penal correspondiente, siendo el primer caso latinoamericano procesado por la CPI».
Resaltó que todos los señalados de haber cometido tales crímenes han sido «premiados y condecorados por el régimen» y que hay militares de alto rango quienes «torturaron y asesinaron a cientos de manifestantes en el 2017», que se postularon como candidatos a diputados a la Asamblea Nacional.
«Les recuerdo, la CPI y el sistema universal de los derechos humanos no concede privilegios a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad», puntualizó.