Defensores de derechos humanos y opositores venezolanos celebraron hoy el anuncio «inédito» de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una oficina de asistencia técnica en el país, para investigar los presuntos «crímenes de lesa humanidad» cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro durante las protestas antigubernamentales del 2017, que dejaron más de 100 muertos.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), dijo que elogian el anuncio de Karim Khan, fiscal de la CPI, y «esperamos que esta oficina tenga un mandato suficientemente robusto».
Además, afirmó que la oficina es «un logro principalmente de víctimas y familiares que, superando el miedo a las represalias, han brindado sus testimonios para que se conozca la gravedad de lo que ha ocurrido y también del liderazgo social y político».
A su juicio, la decisión de la CPI ratifica que «las autoridades venezolanas no tienen ni la voluntad ni las capacidades para investigar o sancionar los hechos ni para implementar medidas de no repetición de los mismos».
En este sentido, sostuvo que esperan que se generen «los mecanismos de protección para todas las personas que colaboren», a fin de evitar «las represalias, los ataques, y la criminalización de las víctimas».
La futura oficina del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) en Caracas tiene como objetivo «permitir cumplir con las responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas», dijo en la víspera Khan, tras reunirse con Maduro en el Palacio de Miraflores en Caracas.
María Verdial, defensora de Derechos Humanos, destacó que «es favorable el entendimiento por parte del Estado, y el permitir la presencia de los representantes de la CPI en el país que obedece a una investigación que está en curso, a lo que es una violación de DDHH, y la posibilidad de responsabilidades en referencia a dichas violaciones».
«Esto no puede comenzar a generar expectativas o decisiones prematuras. Sabemos que la justicia internacional es mucho más lenta de lo que a lo mejor esperamos quienes conocemos las violaciones a los DDHH, pero es un buen paso para favorecer in situ la investigación por parte de la CPI», expresó la también vicepresidenta del partido opositor Movimiento al Socialismo (MAS).
Verdial explicó que, al favorecer la investigación, «los funcionarios que van a estar al frente podrán determinar responsabilidades y llegar a la cadena de mando, que son al final quienes tienen responsabilidades directas por las órdenes que puedan haber emitido».
Por su parte, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, criticó que Khan en su segunda visita oficial de tres días, llegó al país «sin previo aviso» y «sin agendar encuentros con las víctimas de los crímenes de lesa humanidad».
«Sabemos la esperanza de las víctimas en la visita del fiscal a Venezuela. Sin embargo, llega a Caracas sin previo aviso y sin reunión con sociedad civil o víctimas. Solo con el gobierno. Esperamos una explicación», manifestó.
«El fiscal de CPI debe estar del lado de las víctimas», enfatizó.
La CPI comenzó en noviembre una investigación formal al gobierno de Maduro después que en el examen preliminar que abrió en el 2018, se detectaron indicios de presuntos «crímenes de lesa humanidad».
El Estado que debió presentar el 18 de enero los avances de la investigación sobre estos presuntos delitos, luego de la prórroga de tres meses que le otorgó la CPI, tiene hasta el 16 de este mes para informar si está o no investigando las violaciones a los DDHH detectadas desde al menos abril de 2017.