La posible cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) ha encendido las alarmas entre la comunidad venezolana en EE. UU. Más de 600.000 personas podrían perder su permiso de trabajo, residencia legal y protección contra la deportación a partir del 7 de noviembre, tras un fallo del Tribunal Supremo que anuló una prórroga firmada por la administración Biden.
Historias marcadas por el miedo y la incertidumbre.
María Fernanda Angulo, conocida como Mafe, llegó a Florida en 2019 y trabaja en una organización de apoyo a migrantes. “Ese día lo pierdo todo”, confesó al diario El País. Su temor no es solo legal, también emocional: teme regresar a Venezuela, donde la represión política y la crisis económica la obligaron a emigrar.
Por su parte, el músico Mariano Santana, de 29 años, vive en Nueva York desde 2014. Ha trabajado como compositor y docente, y participó en la gira de RBD en el Madison Square Garden. Aunque renovó su TPS este año, sabe que podría quedar sin efecto. “No dejo que el miedo me paralice”, afirma.
Ambos coinciden en que el discurso oficial, que tilda a los migrantes de “delincuentes o enfermos mentales”, no refleja la realidad de quienes buscan estabilidad y oportunidades.
Un programa en peligro.
El TPS fue creado en 1990 para proteger a ciudadanos de países en crisis. En 2021, Joe Biden lo concedió a los venezolanos y lo renovó en 2023. Antes de dejar el cargo, extendió su vigencia hasta 2026. Sin embargo, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anuló esa prórroga.
Organizaciones migratorias presentaron una demanda, y en septiembre el juez Edward M. Chen falló a su favor. Aun así, la Corte Suprema dejó sin efecto la medida, dejando a miles de familias en un limbo jurídico.