El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, ha renovado las sanciones contra las empresas estatales venezolanas Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Minerven, así como contra sus filiales.
La medida, revierte el alivio temporal que se había otorgado en octubre de 2023 como parte del Acuerdo de Barbados. La nueva Licencia General número 43A de la OFAC ordena el cierre de todas las operaciones con Minerven antes del 13 de febrero de 2024.
Esta decisión implica un nuevo golpe para la economía venezolana, ya que limita aún más la capacidad del país para exportar oro, uno de sus principales recursos naturales. La licencia anterior había permitido la reanudación de las operaciones con Minerven, lo que había generado expectativas de recuperación en el sector aurífero venezolano.
Sin embargo, la decisión de la administración Biden de revertir este acuerdo pone en riesgo la viabilidad de la industria minera venezolana y afecta a miles de trabajadores que dependen de ella.
Las reacciones no se han hecho esperar. El gobierno venezolano ha condenado la medida, calificándola de «injusta» y «criminal». Por su parte, la oposición venezolana ha expresado su preocupación por el impacto que tendrá la medida en la población venezolana.
Aún no está claro qué impacto tendrá la renovación de las sanciones en el corto y mediano plazo. Sin embargo, es evidente que la decisión de Estados Unidos tendrá un impacto negativo en la economía venezolana y en la vida de miles de personas.
Se espera que en los próximos días se produzcan más reacciones y análisis sobre esta medida.