Este viernes 7 de noviembre expiró oficialmente el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, dejando a más de 250.000 personas en una situación migratoria incierta. La medida, implementada en 2021 como respuesta a la crisis humanitaria en Venezuela, permitía a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en el país.
La decisión de no renovar el programa fue adoptada por la administración del presidente Donald Trump y ratificada por la Corte Suprema, lo que implica que quienes no renovaron su estatus en el último período habilitado —entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025— pierden toda protección frente a procesos de deportación.
Un limbo legal para miles de familias.
La expiración del TPS deja a miles de venezolanos sin documentación válida para ejercer derechos civiles o laborales. “Al quedarse sin estatus, quedan sin cualquier tipo de oportunidad para mantener una protección migratoria”, explicó el abogado Haim Vásquez, especializado en temas migratorios.
Aunque algunos beneficiarios conservarán su permiso de trabajo hasta octubre de 2026, la mayoría enfrenta ahora un escenario de vulnerabilidad legal y económica. Organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios han advertido sobre el impacto social de esta medida, especialmente en familias con hijos nacidos en EE. UU.
Reacciones políticas y llamados a revisión.
Líderes opositores venezolanos como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia solicitaron a la administración estadounidense y al Congreso que reconsideren la decisión. En un comunicado conjunto, expresaron su “profunda preocupación” y afirmaron que están gestionando activamente una solución que permita restablecer un estatus migratorio protector para los afectados.
“Ser venezolano no puede ser sinónimo de refugiado”, afirmaron, subrayando que la diáspora venezolana representa una de las mayores crisis migratorias del continente.
Contexto y próximos pasos.
El TPS fue otorgado inicialmente en respuesta a la emergencia humanitaria, la inseguridad y el colapso institucional en Venezuela. Su revocación ocurre en un momento de creciente presión migratoria en la región y podría tener consecuencias políticas y humanitarias significativas.
Diversas organizaciones han instado a los afectados a buscar asesoría legal y explorar otras vías migratorias disponibles, como solicitudes de asilo o procesos de regularización estatales. Sin embargo, los expertos advierten que el margen de maniobra es limitado y que muchos podrían quedar expuestos a la deportación.