Las autoridades venezolanas han decidido dejar sin efecto la reciente medida de regulación del servicio de delivery en todo el país.
La normativa, que había sido anunciada a través de la gaceta oficial, imponía una serie de requisitos a empresas naturales y jurídicas gestionadas por la estatal Ipostel. Sin embargo, tras una reunión con representantes del sector, se acordó derogarla y aliviar las preocupaciones de los actores involucrados en el servicio de delivery.
El impacto de la regulación
La noticia inicial de la regulación causó un impacto significativo en la opinión pública y generó preocupación tanto entre la ciudadanía como entre los empresarios del sector. La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico expresó su inquietud por la intención de regular y grabar las entregas a domicilio. La incertidumbre sobre los requisitos y el cobro del 1% del valor de la entrega afectaba directamente a las empresas y a los motorizados dedicados a esta actividad.
La reunión clave
En una reunión cordial entre representantes del Estado y empresarios, se acordó transferir el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) al Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Además, se conformará una Comisión de Trabajo y otra de Seguridad junto a organismos del Estado venezolano, enlazando los Cuadrantes de Paz con los prestadores de delivery. Esta decisión, anunciada por el Ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, ha sido recibida con alivio por parte de la comunidad y los empresarios, quienes mostraron su descontento inicial ante la regulación propuesta.
Perspectivas futuras
Aunque se espera mayor claridad sobre las próximas acciones, la derogatoria de la medida representa un paso hacia la flexibilización y el apoyo a las empresas de delivery. La comunidad estará atenta a los siguientes pasos y a la consolidación de políticas que beneficien al pueblo venezolano.