La Asamblea Nacional del 2015 que preside el líder opositor Juan Guaidó condenó hoy «el reiterado acoso a la prensa libre venezolana» por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que busca «aniquilar la libertad de expresión y el derecho a la información» de la ciudadanía.
Asimismo, los parlamentarios aprobaron iniciar una investigación ante «la violación de los derechos a la libre expresión del pensamiento y a la información oportuna, contenidos en la Constitución», tras rechazar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de «confiscar» los bienes del diario El Nacional, de línea crítica al gobierno de Maduro.
«Hasta cuando vamos a permitir que sigan violando nuestros derechos fundamentales como lo es el derecho a la información que la Constitución protege incluso ante un eventual estado de excepción», expresó el diputado Yony Rahal, durante el plenario de la Comisión Delegada del Parlamento.
Durante su intervención afirmó que «es deber de la Cámara construir un muro de contención» a esas «pretensiones del régimen», tras destacar que durante muchos años la dictadura ha implementado «perversos mecanismos para lograr su hegemonía comunicación».
«Ha utilizado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como pieza extorsionadora que ha censurado permanentemente a televisoras y medios de radio», expresó.
Afirmó que «ahora es peor, ya que actúan como lo que son unos delincuentes, que entran a la fuerza con el apoyo de organismos de seguridad, sin orden judicial y se roban los equipos televisivos y radioeléctricos».
«También utilizan a los colectivos armados para amedrentar a trabajadores de la prensa», criticó.
El nacional uno de los ejemplos de acoso a la prensa
El parlamentario se solidarizó con el diario El Nacional, que, tras el fallo del TSJ, al que la oposición acusa de servir a Maduro, deberá pagar un monto aproximado de US$ 13,6 millones al diputado Diosdado Cabello como indemnización en una demanda por «daño moral», cifra que el legendario medio de comunicación consideró como «impagable». «Los pseudo magistrados pretenden confiscar y robarse el patrimonio de una institución que ha sido símbolo de lucha democrática, que no se ha doblegado a la dictadura. Toda nuestra solidaridad a El Nacional», manifestó.
Igualmente, deploró las amenazas de Cabello que «ya adelantó sentencias similares» contra los portales informativos La patilla y El Diario Tal Cual, y pidió hacer una investigación «profunda» para determinar responsabilidades políticas a todo aquel que esté involucrado en cometer delitos de violación de Derechos Humanos y de lesa Humanidad.
«Debemos documentar con nombre y apellido todos los violadores de derechos humanos y elevar las denuncias ante las instancias internacionales, ya que en Venezuela no hay justicia», opinó.
A su vez la diputada Sonia Medina, afirmó que en estos 20 años de «la desgracia chavista» ha imperado una «política de exterminio» contra los medios de comunicación social y «un estrangulamiento» a la poca libertad de expresión con el único objetivo de evitar que el venezolano no esté informado de lo que pasa en el país.
Asimismo, rechazó que el régimen coloca al «mayor agresor de la prensa como la víctima y condena a El Nacional, periódico con más trayectoria y credibilidad a una expropiación por obligarlos a pagar un monto expresado además en una moneda inexistente como es el Petro».
En este sentido propuso que se exhorte los embajadores, a que entreguen en sus gobiernos el acuerdo, para alertar lo que está ocurriendo, en forma sistemática, sobre la violación a la libertad de expresión y de información en Venezuela.
De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas durante el año pasado se contabilizaron 355 casos de acoso a la prensa y agresiones a periodistas y medios de comunicación social, entre ellos 61 detenciones arbitrarias y el bloqueo de sus páginas de Internet a 15 medios digitales.