Tras años de señalamientos y escándalos, los autores materiales de la corrupción de PDVSA siguen en tela de juicio, sin mayores repercusiones.
La corrupción de PDVSA es un entramado grande y complejo elaborado a través de de décadas, con nefastas consecuencias que afectan a los venezolanos.
Las pérdidas son tan cuantiosas que superan el presupuesto de países enteros, sin embargo los casos detectados no se acercan al monto que realmente ha sido desfalcado.
La razón de esto es simple, no hay contraloría de procesos, mucho menos de las acciones perpetradas.
La fiscalía general de la nación ha mostrado investigaciones y ha hecho algunas detenciones, que nos hacen recordar a aquel caso del «Chino de Recadi», ocurrido en la cuarta república, tan criticada por el gobierno bolivariano.
Hay que recordar que en febrero de 1983, el gobierno de Luis Herrera Campins crea un organismo llamado RECADI (Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales). Su objetivo era, entre otras cosas, frenar la fuga de capitales del país a través de un sistema de tipos de cambio diferencial y controles de capital.
El mismo mecanismo se intentó con CADIVI, con las mismas consecuencias. Se enriquecieron unos en detrimento de la economía venezolana y su subsecuente impacto en la calidad de vida de los venezolanos.
Hay que recordar que en 1989 cinco ex-ministros fueron detenidos, sin embargo, los cargos fueron retirados más tarde. El único preso de ese escándalo fue un ciudadano de ascendencia china, que si bien incurrió en delitos cambiarios, nunca hubiese podido ser el único responsable.
Quedó como un cliché, cuando se hablaba de chivos expiatorios, aludir al caso del «Chino de Recadi».
Si hacemos una analogía con la corrupción de PDVSA y sus múltiples escándalos, podemos ver que los expedientes y los montos denunciados en ellos son una cantidad muy pequeña en comparación a lo que debería ser el monto global.
Cacería de Brujas
Así las cosas, entre los muchos casos y escándalos está el caso de Eudomario Carruyo, ex vicepresidente de finanzas de la Estatal Petrolera, quien ha sido señalado, entre otras cosas, por aprobar los contratos de seguros a una empresa llamada ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A., la cual es filial de PDVSA.
Este caso requeriría que a un grupo de más de 20 personas dentro de los departamentos de contraloría y finanzas de PDVSA, deban ser parte de la investigación y proceso. Esto incluye a los miembros de la junta directiva de la estatal petrolera.
«ISB actuó como intermediario entre PDV Insurance Company Ltd. y el corredor londinense Cooper Gay, cuya subsidiaria en Colombia fue subcontratada para algunas pólizas, las supuestas compañías de Carruyo, son mencionadas, como receptoras de sobornos, aunque en la evidencia de todos los pagos que forman parte de la investigación en Andorra, no aparece, ni existe algún documento probatorio», describe el Infórmate Digital.
Esta historia de cacería de brujas, demuestra que la corrupción no tiene ideología, casos de peculado han existido en todas las repúblicas (usando el contexto bolivariano). La diferencia entre el pasado y el presente parece ser la exposición mediática que magnifica la impunidad y la deja a la vista de todos más fácilmente.