El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó hoy las más recientes declaraciones de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), de quien dijo se suma a una campaña de politización del tema de los Derechos Humanos en perjuicio de la nación.
«Una vez más, el Fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos, en perjuicio de la seriedad y rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia», señaló el texto oficial.
Indicó que Venezuela presentó el 28 de febrero de 2023 ante la CPI, «un sólido documento que desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido».
En este sentido sostuvo que «las afirmaciones recientemente presentadas por el Fiscal para nada desvirtúan los irrebatibles planteamientos realizados por Venezuela. Por el contrario, confirman que la CPI carece de competencia para conocer de los hechos presentados por el Fiscal Khan, a la luz de lo dispuesto en el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de ese organismo internacional».
«Venezuela ratifica que seguirá ejerciendo todas las acciones disponibles para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación, frente a esta expresión de ‘lawfare’ que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos», puntualizó.
El fiscal de la CPI recientemente rechazó las observaciones presentadas por el gobierno de Maduro ante la Sala de Cuestiones Preliminares para intentar frenar la investigación en La Haya sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde el 2014 por el chavismo en el país.
Además, Khan recordó en un documento de 22 páginas, «que existe una base razonable para creer que al menos desde abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del Gobierno de Venezuela fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente objeto de formas de violencia sexual incluida la violación».