Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, anunció hoy que solicitará el inicio del proceso de «extradición activa» contra Rafael Ramírez, exministro de Energía y Petróleo, por supuestos hechos de corrupción y lavado de dinero.
«Hemos solicitado el inicio del proceso de extradición activa contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por el caso Operación Atlantic y por el caso del lavado de dinero producto de la corrupción en Andorra», dijo el fiscal en rueda de prensa desde la sede del Ministerio Publico en Caracas.
Se ha señalado, con acierto, que el carácter de la extradición activa es administrativo y político; se trata de la demanda por voluntad política de un Estado para que se le entregue a un fugitivo con el propósito de no dejar impune un delito.
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Asimismo, informó que también se solicitó el inicio del proceso de extradición contra Nervis Villalobos, ex viceministro de energía eléctrica, también por su implicación en este caso.
La llamada «Operación Atlantic», fue denunciada por Tarek El Aissami, vicepresidente sectorial de economía y ministro de Energía y Petróleo, quien la calificó como el «mega robo» y una de las tramas de corrupción «más graves que compromete el patrimonio de PDVSA».
La trama, según El Aissami y el fiscal, consistió en la simulación de un préstamo en bolívares a la estatal Pdvsa entre los años 2012 y 2013, que luego fue pagado en dólares y género pérdidas de más de 4 mil millones de dólares a la Nación.
«Literalmente, Rafael Ramírez destruyó la industria petrolera, causándole un hondo y profundo daño a la economía venezolana», remarcó el fiscal.
Además, recordó que contra Ramírez (exministro de Energía y Petróleo, 2002-2014) ya existe una solicitud de extradición por el caso del barco chatarra Petrosaudi Saturn, que se «trató del alquiler de un barco para la explotación de gas costa afuera, por siete años, por un valor de más de 1.175 millones de dólares, que se pagarían así el barco no trabajara».
Asimismo, apuntó que contra Villalobos también hay una solicitud de extradición, por su participación en el esquema de legitimación de capitales liderado por Diego Salazar Carreño, primo de Ramírez, y por el exministro en Andorra.
«Esta organización criminal habría blanqueado solo entre octubre de 2011 y noviembre de 2012 la cantidad de 1.347 millones 339 mil 972 euros», precisó.
En este sentido anunció que «hemos solicitado el inicio del proceso de extradición activa por el caso del esquema de legitimación de capitales liderado por Salazar Carreño».
El fiscal detalló que las solicitudes de extradición se sustentan en la delación más reciente de Víctor Aular, exvicepresidente de Pdvsa, quien ofreció «más detalles sobre los actos de corrupción que involucran a Ramírez y a Salazar Carreño».
Indicó que Aular reveló, entre otras irregularidades, la realización de «licitaciones arregladas para la entrega de contratos que favorecieron a la empresa italiana ENI en la Faja Petrolífera del Orinoco y en la explotación de gas costa afuera».
Además, explicó que Baldo Sansó, cuñado de Ramírez, tuvo una participación determinante «en el arreglo de licitaciones para favorecer a ENI, Chevron y Repsol».
«Baldo Sansó no ocupaba ningún cargo en Pdvsa o el Ministerio de Energía y Petróleo. Sin embargo, actuaba como enlace entre Ramírez y estas trasnacionales petroleras», sostuvo.
El fiscal manifestó que, en virtud de todas las informaciones recabadas, el Ministerio Público solicitará orden de aprehensión en contra de Baldo Sansó; quien ya fue requerido por su vinculación con la empresa Ingelec, que pagó 2,7 millones de euros en comisiones a la estructura criminal de Ramírez y Salazar para obtener contratos, y contra Beatrice Daniela Sansó de Ramírez, esposa del exministro.
Ramírez, un hombre clave del gobierno de Chávez, estuvo al frente de Pdvsa entre los años 2012 y 2013, y en 2017 dimitió como embajador de Venezuela ante la ONU tras romper con el régimen de Nicolás Maduro luego de instarlo a una «profunda revisión».
Ahora se encuentra como exilado en Italia, donde un tribunal de Roma rechazó la petición de Venezuela de extraditarlo para que enfrente cargos de corrupción, por los antecedentes de violaciones a derechos humanos del régimen de Maduro.