Al menos 300 personas se encuentran varadas en la frontera entre Chile y Perú, la mayoría procedentes de Venezuela, pero también hay haitianas y de otras nacionalidades, según detalló Amnistía Internacional.
Estas personas, «entre ellas familias con niños, niñas y adolescentes, personas embarazadas y con enfermedades crónicas», están en una situación humanitaria crítica, «sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas», con un sol abrasador durante el día y temperaturas gélidas durante la noche, manifestó la organización.
Nuevo empadronamiento
El Gobierno chileno inició este martes un proceso de empadronamiento de las personas que están varadas en la cuarta comisaría de Chacalluta, al norte de Arica.
«Esta medida nos permitirá tener más puntos de control en la frontera, para tener una migración regular, ordenada y segura», afirmó el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, citado por el diario local La Tercera.
Añadió que de esta forma podrán entregar «un número de individualización a estas personas que [se] encuentran en una migración irregular», para luego «poder habilitar posibles corredores humanitarios, con los documentos de salida».
«Creemos necesario un corredor humanitario regional, donde los gobiernos de Chile, Perú, Ecuador y Colombia coordinen su implementación, para que finalmente los afectados ingresen a territorio venezolano», señaló durante una conferencia de prensa.
Desde febrero pasado, el Gobierno de Chile desplegó efectivos militares en sus fronteras con Bolivia y Perú, con el objetivo de detener la llegada de personas indocumentadas al país.
Perú declara estado de emergencia, actuando con represión
Asimismo, la semana pasada, el Gobierno de Perú declaró un estado de emergencia en las zonas de frontera de siete departamentos: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. Esto permitirá la ejecución de operaciones policiales para el control de las fronteras, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
En este contexto, Amnistía Internacional criticó que las medidas fueron «adoptadas en un contexto de creciente estigmatización y xenofobia, y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular».
Ante esta situación, la organización pidió a las autoridades de ambos países «poner fin a la militarización de fronteras».
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, dijo que al militarizar las fronteras y cerrar la puerta a miles de personas, «los gobiernos de (Gabriel) Boric y (Dina) Boluarte están agravando inútilmente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y seguridad de estas personas».
Por su parte, la Conferencia Episcopal de Perú se pronunció al respecto y pidió a las autoridades de ambos países «realizar los esfuerzos necesarios, con acciones eficaces que conlleven a resolver esta difícil crisis migratoria». Asimismo, instó a «ofrecer ayuda humanitaria como paliativo a las necesidades de los migrantes».
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