Humberto Prado, designado Comisionado para los Derechos Humanos por el líder opositor Juan Guaidó calificó hoy como un «hito histórico» que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas, haya denunciado la actividad minera «ecocida» que impulsa el presidente Nicolás Maduro en el Arco del Orinoco.
«Por primera vez, un órgano del sistema universal de protección de los derechos humanos reconoce la actividad de depredación minera y ‘ecocida’, que se produce en el sur del Orinoco y resalta las incontables violaciones de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que se producen en ese contexto», dijo en rueda de prensa virtual, al referirse al informe de Bachelet, sobre acceso a la justicia, independencia del sistema judicial, y las violaciones a los derechos económicos y sociales, ocurridos en el Arco Minero de Orinoco entre junio de 2019 y mayo de 2020.
Durante su intervención indicó que «las autoridades del régimen usurpador no remiten información, ni han realizado los estudios de impacto ambiental de la actividad extractiva de minerales».
Además, sostuvo que «el gobierno de facto ha demostrado que no tiene la capacidad para poner orden en el territorio nacional y en esta área más todavía en vista de todos los grupos irregulares que operan en el Arco Minero».
El Arco Minero del Orinoco, repartido entre los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, cuenta según los estudios con al menos 7.000 toneladas en reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.
Bachelet presentó en la víspera el informe ante el Consejo de DDHH de la ONU, donde entre otras cosas destacó que los mineros de la zona «están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia» por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como «sindicatos».
La Alta Comisionada pidió al gobierno de Maduro tomar medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras, y castigar a los responsables de las violaciones de DDHH.
Prado sostuvo que «hay una complicidad manifiesta o simplemente una incapacidad para poner orden, y queda demostrado porque es continua y sostenidamente este tipo de irregularidades».
Finalmente, recordó que, a un año del informe de Bachelet para revertir y prevenir las violaciones de DDHH, el régimen solo ha atendido, parcialmente, 2 de las 23 recomendaciones formuladas.
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