Miembros de varias ONG defensoras de derechos humanos advirtieron hoy que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional que evalúa la Asamblea Nacional de Venezuela, sería una «arquitectura legal» que busca «controlar el espacio cívico» y restringir la ayuda internacional.
«El anteproyecto busca construir una arquitectura legal para controlar el espacio cívico y la sociedad venezolana», alertó Deborah Van Berkel, presidenta de la asociación Sinergia, durante el foro sobre la propuesta legal que organizó el Observatorio Social Humanitario.
Durante su intervención destacó que la nueva legislación tiene como fin «controlar los recursos económicos técnicos y de intercambio», lo cual afirmó, afectaría a todas las ONG, pero también a universidades, medios de comunicación, organizaciones religiosas y demás entidades con cooperación internacional.
«De ser aprobado no es un proyecto más, esto va a generar la consolidación de un sistema político hegemónico, autoritario, que generará muchísimas más dificultades para que Venezuela pueda iniciar un proceso de recuperación y reinstitucionalización hacia la democracia», advirtió.
Van Berkel dijo que le toca a las ONG y a la sociedad civil en general evitar que una ley «tan restrictiva» se apruebe tal como está, y en caso de que esto ocurra «debemos generar acciones transparentes desde el ejercicio de los derechos, para enfrentarla».
A su vez, Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, precisó que «se le informó a la Ocha (Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, por sus siglas en inglés), y se le pidió una reunión a Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, para hablar específicamente de este tema, con sus representantes en Venezuela y ya los agentes financistas prendieron las alarmas».
Daniels calificó el anteproyecto como de «confuso a nivel terminológico y con falta de coherencia interna», porque «se habla de prohibición, suspensión restricción y eliminación, a las organizaciones que se considere, utilicen los recursos que reciben para promover sanciones internacionales».
«Un término fuera del contexto jurídico porque las personas jurídicas no se eliminan, sino que se disuelven», afirmó.
El experto destacó que el registro establecido en la normativa que es de obligatorio cumplimiento, podría acarrear que «sea el Estado el que decida quiénes pueden recibir recursos y quiénes no».
«Incluso los donantes podrían decir que en esas condiciones no van a seguir otorgando la ayuda y eso sería muy peligroso», advirtió.
Además, alertó que, ante una eventual ilegalización de las ONG, los mecanismos de recepción de denuncias de las víctimas se verían afectados por lo que «el proyecto afectará a las organizaciones, pero también a las víctimas».
Por su parte Mariana Romero, del Centro para los Defensores y la Justicia, resaltó que «la cooperación internacional es un derecho, y cuando se imponen este tipo de controles, más allá del impacto, es una violación a las víctimas».
Consideró que «la amenaza de aprobación» de esta Ley por parte del oficialismo «no debe verse como un hecho aislado, puesto que forma parte de un proceder continuo contra las ONG por denunciar violaciones de DDHH» y por la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por los presuntos «crímenes de lesa humanidad» que habrían cometido las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro en las protestas del 2017, que dejaron más de 100 muertos.
El anteproyecto de la Ley de Cooperación Internacional es una iniciativa que data desde 2005 y que actualmente trabaja el Parlamento oficialista con el objetivo de «establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional del Estado, en cuanto a la promoción y ejecución de acciones y programas de cooperación entre el Gobierno, los gobiernos de otros países, y organismos internacionales».