Argentina asistió hoy a la histórica legalización del aborto, cuando el Senado aprobó tras un largo debate el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que había sido presentado por el Poder Ejecutivo y ya aprobado en Diputados.
El país se convirtió así en el 67º del mundo en legalizar el aborto, y el tercero en Sudamérica luego de Guyana (que lo legalizó en 1995) y Uruguay (en 2012).
Puertas afuera del Congreso, el debate fue seguido por una marea de manifestantes a favor («pañuelos verdes») y en contra («pañuelos celestes»).
La votación sancionó la victoria de las activistas que luchaban por el derecho al aborto desde hace años: en una decisión transversal a todos los partidos, pero con más votos del gobernante Frente de Todos, el proyecto recibió 38 votos a favor y 29 en contra, con cuatro ausentes y una abstención.
La legalización se produjo así por una mayoría superior a la estimada en la víspera, cuando la votación parecía prácticamente empatada, hasta que a último momento los senadores indecisos anunciaron su voto a favor.
El proyecto de legalización, que ahora permitirá el aborto sin causa hasta la semana 14 de gestación, fue muy resistido por la Iglesia Católica y había sido planteado por primera vez hace dos años, bajo el gobierno de Mauricio Macri.
En esa oportunidad, la votación resultó inversa y el texto del proyecto fue rechazado por 38 votos en contra y 31 a favor.
Poco después de comenzar el debate, con el objetivo de acercarse a los votos necesarios para la legalización, el gobierno aceptó modificaciones en el texto para evitar un regreso del proyecto a Diputados y una demora en la aprobación.
Así se logró el voto a favor de dos senadores que tenían posibilidad de abstenerse, en tanto otros exponentes cambiaron su voto de «celeste» a «verde».
Sin embargo, no faltaron protestas de algunos legisladores según los cuales el debate por el aborto en el Senado se realizaba intencionalmente en simultáneo con otro debate, en Diputados, que aprobó una fórmula de ajuste para el cálculo de los haberes jubilatorios, una medida que afectará a millones de personas.
Y además de las consabidas posturas a favor y en contra, se escucharon voces de quienes habrían preferido un referéndum para consagrar la decisión.
Tras la legalización del aborto se aprobó también la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, el «Plan de los mil días», que establece el pago de una Asignación Universal por Hijo una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño menor de tres años.
La ley aprobada hoy establece que las mujeres podrán interrumpir voluntariamente un embarazo hasta la semana 14 de gestación, sin necesidad de exhibir una causa y sin costo, ya que la intervención será incorporada al Plan Médico Obligatorio (PMO) del sistema de salud.
Los establecimientos médicos, por su parte, deben responder al pedido en un máximo de diez días corridos. Entorpecer o demorar la prestación será penada con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble de la condena.
A partir de la semana 15 de gestación, el aborto continuará siendo un delito salvo en los casos en que el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera «en peligro la vida o la salud integral» de la mujer.
En los casos de violación no deberá mediar denuncia penal alguna por parte de la víctima: las personas mayores de 16 años podrán acceder a la práctica con la firma de una declaración jurada.
El personal médico, por su parte, deberá garantizar privacidad, trato digno, consentimiento informado y confidencialidad.
Al mismo tiempo, podrá ejercer la objeción de conciencia, en cuyo caso deberá derivar a la paciente para que sea atendida por otro profesional «sin dilaciones».
La objeción de conciencia no podrá plantearse en caso de que esté en peligro inminente la vida o la salud de la persona gestante, ni para negar la asistencia post-aborto.