El gobierno de Nicolás Maduro anunció hoy que desmanteló una red de tráfico de personas con «fines de explotación sexual», que tenía ramificaciones en al menos tres estados venezolanos y estaba conectada con Trinidad y Tobago.
«Fue desmantelada una red de tráfico de personas con fines de explotación sexual que tiene ramificaciones en Delta Amacuro, Lara y La Guaira; conectados con la República de Trinidad y Tobago», anunció Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente comunal en la sede del Ministerio Público en Caracas.
Explicó que la investigación sobre este caso se inició por la denuncia de una madre cuya hija se fugó con otras adolescentes para ser llevadas al país caribeño a ejercer la prostitución.
«La joven la llamó y le informó que ya no quería irse, pero que no la dejaban regresar», comentó.
Indicó que a través del análisis de telefonía se logró dar con el sitio en que se encontraban las adolescentes en Tucupita, estado Delta Amacuro, donde fueron rescatadas. «Allí fueron detenidos 8 integrantes de la red», acotó.
Además, comentó que en la continuación de las pesquisas «se detuvo a otros dos implicados en el estado Lara y uno más el día de ayer en el estado La Guaira», vecino a Caracas.
«Las víctimas rescatadas son 3 mujeres adultas y 7 adolescentes», agregó.
El fiscal mostró un vídeo donde se observó a parte de las víctimas rescatadas, con sus rostros ocultos, y dijo que «ya se encuentra a salvo, y lo más insólito, la jefa de la banda, esta señora, Leomara Elena Pérez Vegas, cabecilla de esta banda delictiva, junto a Grecia Verónica Jiménez Mendoza, se encuentran prófugas en Trinidad y Tobago».
«Esperamos que las autoridades de Trinidad y Tobago entreguen a estas delincuentes que junto con su hermano José Vegas Castro, que está detenido acá en Venezuela, aparecían como los cabecillas de esta banda delictiva que va a tener todo el peso de la ley porque no se puede jugar con nuestras menores de edad con fines inconfesables», afirmó.
Precisó que Pérez Vegas y Jiménez Mendoza «eran las encargadas de la financiación de la organización y del recibimiento de las víctimas en dicho territorio», mientras que Vegas Castro «era el encargado de coordinar la logística de captación y traslado de las víctimas».
«A estas personas innombrables se le va a imputar los delitos de tráfico de personas con fines de explotación sexual, con el agravante de tratarse de víctimas adolescentes y asociación para delinquir», puntualizó.
El fiscal dijo que «el mensaje que le damos a quienes quieren lucrarse a través de la corrupción de la trata de personas es muy directo contra ellos, el desprecio público, el repudio nacional pero también en defensa de los DDHH de nuestro pueblo».
«La máxima pena, el castigo ejemplar para que sujetos como esto sean execrados de la sociedad venezolana, que la decencia sea la que se imponga, la rectitud y el equilibrio en favor de la familia venezolana», finalizó.
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