Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue acusado penalmente por la Fiscalía General de la República (FGR) como principal responsable del incendio que provocó la muerte de 40 migrantes.
Garduño fue «omiso en garantizar las condiciones de seguridad de la estación migratoria» de la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, donde ocurrió este trágico episodio, que causó una gran indignación nacional e internacional y protestas de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional.
La imputación contra el funcionario y otros cuatro de sus subalternos, vinculados directamente con el incidente, ocurrido el pasado 27 de marzo, fue hecha ante un juez por el delito de «ejercicio indebido del servicio público», sancionado con uno a tres años de prisión.
Además, fue responsabilizado por «no cumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo». Los migrantes, en su mayoría guatemaltecos, habían sido encerrados después de una redada policial y durante un motín alguien prendió fuego a unos colchones pero las rejas de la celda nunca fueron abiertas, aparentemente por órdenes de funcionarios superiores.
Sin embargo, la imputación corre el riesgo de otra vez dejar insatisfechos a familiares de las víctimas y organizaciones civiles que exigen se haga justicia por el caso, pues no se prevé la cárcel preventiva «de oficio», es decir, sin juicio previo, y en caso de ser condenado a la pena máxima, el castigo puede ser conmutable.
Con ello, difícilmente el director del INM será encarcelado, señalaron algunos expertos en temas jurídicos.
La acusación contra Garduño ocurrió en coincidencia con el traslado de los restos de 23 víctimas del incendio a Guatemala y Honduras desde Chihuahua por aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, que se suman a los de otros 8 en días pasados.
Falta por repatriar a las víctimas originarias de Venezuela cuyos familiares continúan realizando gestiones, reveló Eunice Rendón, directora general de Coordinación Intersecretarial del ministerio de Gobernación.
Francisco Garduño es un abogado con especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas y ha colaborado en diversos cargos gubernamentales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se reunió con el fiscal general Alejandro Gertz para discutir el tema y afirmó que es «respetuoso de la autonomía» de esta institución.
Sobre la permanencia del funcionario afirmó que «vamos a esperar» lo que sucede sobre el proceso contra Garduño para decidir sobre la permanencia en el cargo del funcionario, aunque se da por descontado que su salida es inminente.
El mandatario ha señalado que «no habrá impunidad para nadie» en la muerte de los migrantes porque «ya no son los tiempos de antes».
Garduño fue designado en el puesto el 14 de junio de 2019 y tras la tragedia ha arreciado el coro de familiares de víctimas, activistas y defensores de derechos humanos, así como de la Iglesia y otras instituciones para exigir «justicia y castigo a los responsables».
El funcionario, sin embargo, no ha respondido públicamente sobre su responsabilidad en la muerte de los migrantes y el incumplimiento de los protocolos de seguridad.