El Gobierno Bolivariano reacciona a toma de activos del Estado por el gobierno de los Estados Unidos.
Jorge Arreaza declaró contra la administración Trump por su destitución efectiva de los activos del estado venezolano, los cuales fueron cedidos a Juan Guaidó.
En un comunicado que acompañaba el tuit, el Banco Central desató la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de actuar «en connivencia con un grupo de legisladores de la Asamblea Nacional» en la confiscación de los fondos de Caracas, describiéndolo como una acción más en una serie de ataques del Estado estadounidense contra el Banco y el pueblo de Venezuela.
Según el Banco, la toma de activos tendrá un impacto directo en el desarrollo de la economía venezolana, «ya afectada por el bloqueo económico y financiero ilícito de las élites supremacistas que gobiernan los Estados Unidos de América, y actualmente agravada por el impacto pernicioso de la pandemia mundial de coronavirus».
A principios de esta semana, legisladores de la Asamblea Nacional alineada con Guaidó autorizaron la transferencia de aproximadamente $342 millones en fondos de una cuenta del Banco Central Venezolano con Citibank a su propia cuenta de la Fed. El legislador de la oposición Ángel Alvarado dijo a la prensa internacional que la transferencia «protegería aún más estos activos».
Washington y sus aliados comenzaron a apoderarse de los activos del estado venezolano a principios de 2019, poco después de reconocer a Guaido como el «presidente interino» del país. Las incautaciones incluyeron la confiscación de lingotes de oro venezolanos en bancos estadounidenses, británicos y europeos, la congelación de los activos de la recolectora de petróleo, transportador y vendedorde propiedad venezolana pero con sede en Estados Unidos, y la incautación de miles de millones de dólares de activos líquidos venezolanos en bancos estadounidenses.
Las autoridades venezolanas han descrito estas medidas como «guerra económica» e instaron a la comunidad internacional a hacer frente y resistir el acoso estadounidense.
Guaidó y otros miembros de la oposición también han sido acusados de desviar algunos de estos recursos para su propio uso personal, y de gastar fondos estadounidenses proporcionados como «ayuda humanitaria» en hoteles lujosos, alimentos y bebidas, e incluso prostitutas. En junio pasado, el fiscal general venezolano Tarek William Saab acusó a Guaido y a sus camaradas de actuar menos como una oposición y más como una «mafia».
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