El principal líder opositor, Juan Guaidó, condeno hoy la arbitraria decisión del gobierno de Nicolás Maduro de imponer «a dedo» a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de justicia (TSJ).
«Este hecho es la muestra más reciente de la ausencia de democracia en nuestro país, marcada por un proceso de repartición de cuotas entre los distintos grupos de poder de la dictadura y sus cómplices», expresó Guaidó a través de un comunicado difundido por su equipo de prensa.
Además, afirmó que este hecho «aleja la posibilidad de encontrar justicia, verdad y reparación para miles de venezolanos que han sufrido en carne propia las arbitrariedades por las que se ha caracterizado la vida en Venezuela en las últimas dos décadas».
«Este lamentable acto busca proteger a los corruptos y a los violadores de derechos humanos, disfrazando este encubrimiento en una supuesta renovación del sistema de justicia del país», afirmó.
Indicó que el objeto de esta decisión es «entorpecer los esfuerzos de instancias como la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de DD.HH. de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han dedicado años a la búsqueda de justicia y reparación en nuestro país».
En este sentido, destacó que «lo sucedido hace inviable que en Venezuela se pueda aplicar cualquier tipo de «principio de complementariedad» entre las investigaciones nacionales e internacionales en curso, ya que los tribunales no garantizan que se pueda impartir justicia verdadera».
«Instamos a la comunidad internacional a desconocer este proceso que mantiene y profundiza la crisis institucional de Venezuela», resaltó.
Asimismo, exhortó, «a los actores nacionales e internacionales a no reconocer ese tribunal como legítimo, al ser violatorio de nuestra Constitución, al estar compuesto por actores políticos que son y serán facilitadores de la impunidad y por ir en contra de todas las recomendaciones que las instancias internacionales le han hecho al régimen de Maduro».
Además, formuló un llamado a los actores políticos, organizaciones, familiares y víctimas «a no desmayar en la lucha por conseguir que se haga justicia tras tantos años de lucha, y a no permitir que este espejismo de reforma judicial evite que se logre una verdadera reparación ante lo sufrido».
«Desde el Gobierno Legítimo continuaremos impulsando la negociación como mecanismo fundamental para la reinstitucionalización de Venezuela, proceso urgente para garantizar un futuro mejor para nuestros ciudadanos», puntualizó.
La designación de los nuevos magistrados se produjo luego de que el 25 de marzo el Parlamento oficialista solicitó diferir el punto en la plenaria que ese día designaría a los magistrados.
En esa oportunidad, Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, dijo que el diferimiento seria «por horas» mientras buscaban «consensos» para designar «a los mejores», cosa que ocurrió finalmente un mes después.
La designación de los 20 nuevos magistrados y sus suplentes, así como el inspector de tribunales y el director de la Escuela de magistratura, se llevó a cabo en medio de las críticas de ONG, juristas y opositores, quienes consideraron el proceso como «un maquillaje» para «engañar» a la Corte Penal Internacional (CPI).
La CPI adelanta una investigación sobre Venezuela por los «crímenes de lesa humanidad» que habrían cometido las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro en las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron más de 100 muertos.