Esta semana, Human Rights Watch advirtió a los gobiernos de Curazao y de los Países Bajos que podrían estar incumpliendo sus obligaciones jurídicas internacionales con respecto a los venezolanos en situación de necesidad.
Un reporte emitido por la ong, indica que ciudadanos venezolanos que huyeron a Curazao, fueron víctimas de graves abusos.
Human Rights Watch reporta haber recibido señalamientos creíbles, los cuales fueron incluidos en un informe, de que las autoridades de Curazao detienen indiscriminadamente a solicitantes de asilo durante redadas, hostigan física y verbalmente a venezolanos, y detienen a otros por tiempo indeterminado en condiciones inhumanas y sin acceso a abogados.
Adicionalmente dicen que las autoridades de la isla también habrían deportado a algunos solicitantes de asilo venezolanos, tal como jo ha hecho Trinidad y Tobago.
La ONG, hizo llegar a las autoridades curazoleñas una carta en la que explican la situación y la preocupación por las consecuencias de sus acciones negligentes en la vida de las personas afectadas.
«En julio de 2017, el gobierno de Curazao anunció públicamente que había asumido la responsabilidad, anteriormente ejercida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el país, de registrar a los solicitantes de asilo y emitir los correspondientes certificados. Sin embargo, según la información que obtuvo Human Rights Watch, el gobierno de Curazao no ha emitido ni un sólo certificado de asilo desde entonces, a pesar de que cientos de venezolanos han solicitado una entrevista para pedir asilo allí», indica la misiva.
Estos señalamientos fueron categóricamente negados por el ministro de Justicia de Curazao, Quincy Girigorie, quien es la máxima autoridad responsable de temas inmigratorios.
Girigorie dijo a los medios que el informe de Humans Rights Watch es “tendencioso” y que estaba basado en “investigaciones incompletas”, y que habíamos entrevistado a las “supuestas víctimas” en vez de hablar con las autoridades.
En virtud de su informe y de las manifestaciones oficiales de gobierno de Curazao, la ONG sugiere que «el Reino de los Países Bajos debería asegurar que el trato brindado a las personas venezolanas en Curazao, así como en los demás países y municipios que integran los Países Bajos en el Caribe, cumpla con sus obligaciones internacionales».