Marienela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, aseveró hoy que «la opacidad y el miedo» fueron los rasgos más relevantes que atentaron contra la libertad de expresión durante el 2021.
Además, expresó que en una escala de medición de 0 a 100, «en donde el cero indica una restricción absoluta del derecho y el 100 un estado óptimo y sin restricciones, la libertad de expresión en el país fue calificada con 62 puntos».
«El estudio constató en el 2021 que la opacidad y el miedo fueron los rasgos más relevantes que atentaron contra la libertad de expresión y hay una clasificación de 62 puntos que da cuenta de unos niveles moderadamente graves para el ejercicio del periodismo en Venezuela», afirmó Balbi al dar a conocer los resultados de la investigación titulada » La orquestación del silencio», estudios de libertades informativas 2021.
Precisó que la investigación, basada en la percepción de 534 periodistas en los 24 estados del país, ofrece «una radiografía» de las condiciones del ejercicio del periodismo en un ambiente restrictivo para la libertad de expresión.
«La censura continúa siendo un tema relevante, importante y ha marcado la dinámica del periodismo en Venezuela», enfatizó.
En este sentido, destacó que «siguen cerrando radios, especialmente en las regiones, hostigando a periodistas cuando se atreven a abordar temas complejos, a través de las redes sociales, y muchos bloqueos de ataque a los portales digitales».
«El miedo a la perdida de la integridad física con la falta de interés de la denuncia sigue estando presente y hemos notado que 58,2% de los consultados no denuncia a los organismos competentes al momento de sufrir alguna agresión, lo que permite concluir que el miedo y la impunidad son una amalgama paralizante para los trabajadores de la prensa», expresó.
Asimismo, apuntó que 53,7% de los consultados indicaron haber omitido informaciones de interés público por temor a represalias, en un contexto en donde reinan el miedo y la opacidad, mientras que 19,9% de los trabajadores de la prensa manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia basada en género.
«Seguimos viendo que hay unos tonos de gravedad que se distinguen en la realidad del ejercicio del periodismo», comentó.
La investigación también reveló que «en medio de un contexto donde la hegemonía comunicacional impulsada por la estructura gubernamental ha naturalizado las prácticas de silenciamiento, persecución, las garantías de libre expresión e información se ejercen con reserva».
Además, indicó que «los controles estatales orientados a imposibilitar el trabajo de los periodistas se acentuaron, y a su vez han propiciado un ambiente más hostil y riesgoso para las acciones de denuncia y contraloría social».
«Es evidente que la posibilidad de acceso a información pública en Venezuela se desvanece de manera reiterada, y no hay intentos por revertir esta realidad por parte del Estado», advirtió el estudio.
Asimismo, recordó que en septiembre de 2021 entró en vigencia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, sancionada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, y «sin embargo, ello no ha supuesto mayor apertura o avance en la materia y los venezolanos continúan viendo quebrantado su derecho a saber y a estar informados sobre el acontecer público».
Por otra parte, la investigación también reveló que el componente de seguridad sumó 54 puntos, lo que significa que la libertad e integridad de los periodistas durante el cumplimiento de sus labores informativas estuvieron «bajo restricciones recurrentes» en el 2021. De acuerdo con cifras del Instituto, a lo largo del año pasado, ocurrieron «un total de 140 violaciones bajo la categoría de agresiones y ataques, que comprendieron 54 hechos para infundir temor, 19 incidentes por la destrucción, revisión, o confiscación de equipos y registros relacionados con el trabajo periodístico».
Además de «16 eventos de amenazas de agresión física, 15 por robos a herramientas de trabajo, y 12 por ciberagresiones a periodistas y portales de noticias».
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