La oposición de Venezuela rechazó hoy la expulsión por parte del gobierno a Isabel Brilhante, embajadora de la Unión Europea, y otorgarle 72 horas para que abandone el país, tras las sanciones impuestas a otros 19 funcionarios.
«Esto solo aislará más a Maduro y recibirá un enérgico repudio del mundo libre. La presión democrática internacional es una respuesta a la destrucción de las libertades en el país, al empeño de impedir elecciones libres. No cesará hasta tanto no se restablezca la democracia», afirmó el opositor Julio Borges, a través de las redes sociales.
El gobierno tomó la decisión luego de que la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó en la víspera un acuerdo en rechazo «a las injerencistas medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea, como parte de la agenda de agresión sistemática y continuada en contra del pueblo de las instituciones de la República».
Además, declaró «persona non grata» y ordenó la expulsión de la diplomática y recomendó cerrar la oficina de la UE en Caracas.
Borges sostuvo que el cierre de las oficinas de la UE «provocaría la suspensión inmediata de programas de ayuda humanitaria, lo cual afectaría a cientos de ciudadanos venezolanos que hoy sufren las consecuencias del Estado Fallido de Maduro».
Asimismo, Carlos Valero, diputado del Parlamento electo en el 2015, rechazó la decisión del régimen y sostuvo que «en su afán de profundizar el aislamiento internacional y obstaculizar la vía para salir de la grave crisis que padecemos los venezolanos, el régimen arremete contra la representación de la Unión Europea en Venezuela» «Solidarios con la embajadora Isabel Brilhante», agregó.
A su vez, la exlegisladora Manuela Bolívar calificó de «humillante e inaceptable» la decisión del régimen de Maduro y manifestó «toda su solidaridad» con la diplomática europea.
«Mucho ha hecho la Unión Europea bajo su liderazgo en el terreno humanitario para apoyar a quienes más lo necesitan», expresó.
No es la primera vez que Maduro toma esta decisión contra la diplomática europea.
En julio del año pasado en plena pandemia del Covid-19, y luego de que la UE sancionó a 11 funcionarios del gobierno o relacionados, por su rol en actos y decisiones que están «socavando la democracia y el Estado de derecho en Venezuela», decidió dejar sin efecto «la decisión dura» que tomó «ante las «sanciones ilegales», para darle una «oportunidad» al diálogo político y diplomático entre el bloque europeo y el gobierno venezolano.
La decisión la tomó luego de que Joseph Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Jorge Arreaza, canciller venezolano, emitieron un comunicado en el que anunciaron que Venezuela había decidido «dejar sin efecto» la decisión de expulsar a la diplomática de origen portugués.
La Unión Europea ha sancionado a un total de 55 personas del gobierno de Maduro, y desde el 2017 introdujo medidas restrictivas contra Venezuela, que incluyen un embargo de armas y equipo para la represión interna, y la imposición de prohibiciones de viaje y congelación de activos a las personas incluidas en la lista de sancionados.