- La Ley de Extinción de Dominio es una herramienta legal. Es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Como tal, es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países. Esta ley está siendo aplicada recientemente en muchas tramas de narcotráfico y corrupción que involucra funcionarios de varios gobiernos de Latinoamérica.
La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real en cuanto se dirige contra bienes, y se declara a través de un procedimiento autónomo, e independiente de cualquier otro juicio o proceso. El fin último es realizar incautaciones de bienes que habrían sido adquiridos con recursos obtenidos de forma ilícita. Para ello, la Ley de Extinción de Dominio señala, que estos «bienes deben haber sido adquiridos con recursos ilegales. O utilizados para la comisión de delitos”, por lo que pueden ser incautados por el Estado y ser utilizados en beneficio del país.
La ley de Extinción de Dominio se presenta como una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción. Para la recuperación de los recursos públicos desviados de forma ilegal. Si bien su aplicación puede ser controvertida en algunos casos, su uso adecuado puede resultar en una mayor transparencia y eficacia en la gestión pública.
A pesar de la actual jurisprudencia internacional, los interrogantes surgen en los debates de los distintos congresos nacionales donde se trata la ley de extinción de dominio. Estos repiten siempre algunas constantes sobre la noción de inconstitucionalidad, asociada a la presunción de inocencia. Por lo que genera dudas sobre la naturaleza de la ley. Y si esta corresponde al fuero penal o civil. Por lo que, dependiendo de ello, se aplica la prescriptibilidad y la retroactividad de la misma.
La nueva ley de Extinción de Dominio será una herramienta necesaria contra la corrupción
El proyecto argentino se aprobó en 2018, pero con diversas modificaciones con respecto al original, que había tomado como ejemplo a la Ley Modelo de la Unidad de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNDOC. Que fue difundida en 2011 como una iniciativa del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe, LAPLAC.
La ley modelo se define como «un mecanismo novedoso y eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal». Perú, cuenta con esta herramienta jurídica desde el 2008 y el año pasado, por medio de un decreto, la adaptó a la ley modelo de Unodc.
El caso colombiano es el primero en incursionar en esta figura en 1996, a raíz de la crisis de narcoterrorismo por la que atravesaba. El Salvador es uno de los más recientes y es otro ejemplo de aplicación de forma autónoma al proceso penal, al igual que ocurre con Honduras y Guatemala. Desde su implementación en 2015 se registran 124 procesos de extinción, que representan un total de 161 millones de dólares. Una acción real civil, pero en la práctica es Sui Géneris. Tiene su jurisdicción que responde a reglas propias, como así también a un objeto probatorio especial.
Un instrumento lleno de buenas intenciones
A pesar de que la Ley de Extinción de Dominio es una herramienta importante en la lucha contra la corrupción, se requiere de un sistema de justicia robusto, con autonomía para enfrentar los privilegios, para evitar amenazas, sobornos o capturas por parte de grupos poderosos. El problema con esta ley es que, conociendo la falta de imparcialidad de la justicia en la región, puede estar mal encaminada.
Pero la capacidad no subordinada de su aplicación, aunque fue puesta en duda decenas de veces, no en todos los casos, puede ser corrupta. Es sólo en el caso de que los jueces y fiscales del sistema de justicia sean los que accionen de manera oscura, lo que genera un riesgo de afectación a la imparcialidad y a la toma de decisiones por parte de los distintos órganos.
El mecanismo de extinción de dominio es positivo y ejemplarizante en los países en los que ya se incorporó, según los investigadores. Pero, el debate empieza a darse y va tomando el papel de un buen samaritano. Un Robin Hood que le quita a los malos y lo utiliza de la mejor manera posible. Esto ha incentivado a inversores a mirar a esos países en los que la corrupción era galopante, convirtiéndole en seguridad jurídica por ser un marco no dependiente del Estado, pero sometida al imperio de la ley.
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