Familiares de los llamados «presos políticos» de Venezuela, encabezados por Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional electa en el 2015, protestaron hoy ante la sede del Programa de Naciones Unidas (PNUD) en Caracas y denunciaron que sufren torturas y crueles tormentos.
Se reunieron para exigir la libertad de todos los opositores detenidos «por pensar distinto». Los manifestantes clamaron por «atención médica urgente» para los detenidos, y también para que la Corte Penal Internacional(CPI) se acerque a constatar la violación de los derechos humanos por parte del «régimen de Nicolás Maduro».
«Todos ellos han sido víctimas de torturas, tratos cueles e inhumanos o degradantes, todos ellos se encuentran en las mazmorras del régimen», afirmó la diputada a los periodistas en la protesta.
Asimismo, aseguró que todos los familiares» temen por la integridad física, por la vida y por la salud de sus parientes detenidos», alegan que sus familiares son víctimas de torturas en el recinto carcelario.
«Y la respuesta que da la ONU es que no nos dejan entrar, que no los podemos visitar, entonces ¿para qué están aquí?», cuestionó.
Solórzano pidió al organismo que exija al régimen información sobre el estado de salud de todos los detenidos por razones políticas.
«La Constitución establece con claridad que la responsabilidad de la vida de los privados de libertad es exclusiva del Estado, aun y cuando este esté usurpado», apuntó.
En este sentido, se refirió a la muerte del general Raúl Isaías Baduel, exministro de la Defensa de Hugo Chávez, quien falleció el martes de un paro cardio-respiratorio por Covid-19, según Tarek William Saab, fiscal general designado por la constituyente comunal.
«El general Baduel fue asesinado lentamente por las torturas, tratos crueles e inhumanos o degradantes que sufrió que le arrebataron la vida», aseveró.
Comentó que «resulta inaudito que quien se supone que es responsable de la investigación anuncie en la tarde que el general falleció por un paro respiratorio por covid, pero la autopsia es de las 11 de la noche».
A su vez, Yuraima Carapaica, madre de Marcos Garcés, detenido el 9 de septiembre del 2020 por el caso del «espía norteamericano» y el presunto ataque a la refinería Amuay, denunció que su hijo estuvo 8 meses preso en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y ahora permanece en la cárcel Yare III, en los Valles del Tuy del estado Miranda.
«Mi hijo se encuentra detenido por montarse en el mismo carro donde iba un norteamericano. Quiero que sepan que mi hijo es inocente de todo lo que le acusan. Hoy está cumpliendo 400 días detenido arbitrariamente, aparte de eso presenta problemas de salud», expresó.
Además, dijo que en «Yare 3 no hay agua, lo único que hay es comida para presos comunes, y tenemos que pagar por todo».
«Nos obligan a saltar, a mostrar las partes íntimas para poderlo ver. Por eso estoy aquí en la lucha por él y por todos los presos políticos», afirmó.
Asimismo, Lili Barboza, esposa del general Héctor Hernández Da Costa, detenido el 13 de agosto de 2018 tras ser vinculado con el atentado fallido con drones contra Maduro, alzó su voz para denunciar «la situación irregular a la que está sometido no solamente mi esposo sino todos los presos políticos militares que han sido los grandes olvidados a la hora de la liberación».
«Exigimos a instancias internacionales, como la CPI que adelante el proceso de investigación sobre lo que ocurre en el país», clamó.
Más temprano la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia detalló que 20 presos políticos en la sede del Helicoide, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), dieron positivo al covid, luego de que les aplicaron las PCR tras la muerte de Baduel.
Entre los contagiados están los tres activistas de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona (director), Rafael Tarazona, y Omar de Dios García.
En Venezuela hay 260 «presos políticos», de los cuales 127 son civiles y 133 militares, según la ONG Foro Penal.