En Venezuela se agudiza una crisis ambiental, marcada por los derrames petroleros, la minería ilegal, el turismo de alto impacto y la escasez del agua, informó hoy el Observatorio de Ecología Política.
Así se desprende de su informe anual sobre la situación socio-ambiental, en el que destacó que entre el 1 de enero al 31 diciembre de 2022 se reportaron 86 derrames petroleros.
«El promedio es de 7 derrames de crudo al mes, y los estados con derrames constantes durante todo el año fueron: Anzoátegui, Falcón y Zulia», indicó el estudio.
Señaló que la contaminación ambiental que deriva de estos siniestros, responsabilidad de la estatal PDVSA, ha causado la muerte de aves marinas y peces.
Además, indicó que en Falcón y Zulia se constató los graves impactos en diversas comunidades, como pozos petroleros abandonados que contaminan fuentes de agua potable, sedimentos de crudo en la arena y en moluscos y las dificultades para pescar que enfrentan los pescadores a consecuencia de los continuos derrames.
De acuerdo con el informe, en 2022 se registraron 10 de incendios y explosiones en diferentes instalaciones de PDVSA, y se reportaron otros accidentes vinculados con otras industrias básicas, como la dispersión de alúmina calcinada (óxido de aluminio) que afectó a varios sectores de Puerto Ordaz, en Bolívar.
Amazonía venezolana en el eje de la crisis ambiental
El reporte sobre la crisis ambiental también alerta sobre la minería ilegal que está destruyendo a los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana, muchos de los cuales se han visto obligados a defender sus territorios ante la incursión de grupos armados irregulares extranjeros, bandas criminales venezolanas, contingentes mineros nacionales e internacionales -como los denominados ‘garimpeiros’- y otros actores asociados a la explotación de minerales.
En este sentido, destacó que la esclavitud moderna, los desplazamientos forzados, las desapariciones, trata y esclavitud sexual de mujeres ponen en evidencia, la grave situación de violación de derechos humanos en los pueblos indígenas a causa de esta práctica ilegal.
«Desde marzo hasta diciembre de 2022, 10 indígenas fueron asesinados y 1 desapareció en el estado Amazonas», apuntó.
La ONG alertó sobre la creciente deforestación de bosques naturales en la zona del Arco Minero, y una degradación de las áreas y parques naturales por el «turismo de élites» de alto impacto que contraviene las normativas para la protección de zonas, como la isla La Tortuga, el archipiélago Los Roques, entre otras.
Asimismo, llamó la atención sobre las severas dificultades para acceder al agua potable, y destacó que es «una situación de injusticia hídrica porque se expresa en una abismal inequidad social con respecto al acceso y distribución» del vital líquido.