Un nuevo informe sobre América Latina elaborado por la firma Chainalysis permite concluir que el uso de las criptomonedas en Venezuela no son producto de los estímulos del régimen para incentivar su uso.
Al contrario, es la propia crisis generada por la administración de Nicolás Maduro lo que empuja a los venezolanos a recurrir a monedas más funcionales que permitan resguardar el valor de su dinero.
Esa es la principal conclusión de un nuevo informe sobre América Latina de la firma analítica Chainalysis. El jueves, la empresa reveló en exclusiva para el medio de habla inglesa CoinDesk que Venezuela ocupa el tercer lugar en el mundo en adopción de criptomonedas, de acuerdo con la métrica de Chainalysis, detrás de Ucrania y Rusia.
“La razón por la que ocupa un lugar tan alto es el mercado entre iguales (intercambios p2p). Es por eso que Venezuela se destacó para nosotros“, mencionó el líder de la investigación de Chainalysis Kim Grauer en una entrevista.
Mercado de criptomonedas en Venezuela
Los nuevos datos hablan de una sociedad tan enferma de hiperinflación que los ciudadanos están dispuestos a recurrir a Bitcoin (BTC) como refugio, dijo Grauer. Están obteniendo su Bitcoin de intercambios entre pares (P2P) como Paxful y LocalBitcoins, principales intercambios de la floreciente escena cripto en Venezuela.
Mientras tanto, los exchanges aprobados por el gobierno venezolano están luchando por ganar tracción, según el informe con escaso éxito.
Criptolago, un exchange de criptomonedas del estado Zulia y uno de los siete exchanges con aprobación gubernamental, obtuvo un volumen ajustado en dólares de sólo USD $ 380.000 durante el último año, según la investigación de Chainalysis.
Mientras, LocalBitcoins reportó USD $ 242 millones en volumen de intercambio de bolívares a bitcoins en los últimos 365 días, según el sitio de datos UsefulTulips. En el mismo período, Paxful reportó USD $311.000 en volumen de bolívares a criptomoneda (Paxful suspendió los pagos con el Banco de Venezuela -banco del Estado- en junio, citando sanciones de EE. UU.).
¿Intercambios propios para sancionados?
Los datos del informe sugieren que el Criptolago está siendo utilizado principalmente por la élite de Venezuela, según Chainalysis. La mayoría de sus transacciones de criptomonedas (75% aproximadamente) superan los USD $ 1.000. Esta cifra es demasiado grande para la mayoría de los ciudadanos del país, que cuentan con muy poco dinero para sobrevivir. En Venezuela el sueldo mínimo es de unos escasos USD $ 3 al mes y en promedio un trabajador más calificado puede ganar entre USD $ 30-50.
Los expertos consultados por Chainalysis especularon que los más adinerados están usando Criptolago para preservar sus riquezas o incluso evadir las sanciones. Esta posibilidad cobra sentido considerando que hasta ahora el Departamento del Tesoro ha sancionado a 52 personas y 76 empresas por sus vínculos al régimen de Maduro, incluido el propio superintendente de criptomonedas en Venezuela, Joselit Ramírez, quien además forma parte de la lista de los más buscados por delitos de narcotráfico, terrorismo y corrupción.
No obstante, sin importar sus razones, el uso está aumentando: El volumen de transferencia de monedas de Criptolago en julio de 2020 fue 13 veces mayor que hace un año.
“Por lo que podemos identificar, la mayor parte de la actividad en Criptolago es realmente grande”, mencionó Grauer. “Son sólo esas transferencias las que están impulsando el crecimiento general de la bolsa”.
Que un intercambio criptomonedas aprobado por el gobierno no sea la primera opción de los ciudadanos en un país asolado por la hiperinflación y la agitación política no fue una sorpresa para los expertos regionales consultados para el informe de Chainalysis, según Grauer.
La gente tiene miedo del gobierno, de los impuestos, de la vigilancia, dijo Grauer. No confían en la administración de Maduro, incluso si tienen alguna fe en Bitcoin. Solo en julio la inflación subió un 55% y en lo que va de 2020 acumula 849% según los datos del Parlamento, única institución pública en Venezuela que no es controlada por el régimen de Maduro.