La extradición de Hugo Armando Carvajal, El Pollo Carvajal, se ha convertido en una madeja que sigue desenredándose.
Más de dos años después de que la Audiencia Nacional la aprobase por primera vez; la batalla aún continúa en la Sala de lo Penal del órgano judicial; que este viernes ha declarado “suficientes” las garantías ofrecidas por EE UU para proceder a la extradición a ese país de Hugo Carvajal; a quien se reclama por narcotráfico, blanqueo y colaboración con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Con esta resolución, que se puede recurrir, el tribunal vuelve a dar luz verde de facto a la extradición de Carvajal, que quedó en suspenso el pasado octubre.
La Audiencia decidió entonces paralizar el proceso por un defecto de forma y remitió un escrito al país norteamericano para que este ofreciese garantías respecto al trato que se le daría al militar en caso de que fuese entregado.
La respuesta de la Embajada estadounidense llegó finalmente este 17 de noviembre; en la que se exponía la posibilidad de que El Pollo fuese condenado a cadena perpetua; pero que las leyes de EE UU “permiten pedir su revisión”.
Según mantienen los jueces; estas garantías presentadas por Estados Unidos son “suficientes en aras a preservar el derecho fundamental y personalísimo de no sufrir torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes”.
Después de que se aprobase su extradición en 2019, Carvajal huyó y permaneció fugado de la justicia española casi dos años. Hasta su arresto el pasado 9 de septiembre en Madrid.
Dilaciones infructuosas
Desde entonces, el exjefe de la contrainteligencia venezolana abrió diferentes frentes legales para tratar de impedir su entrega: en el Ministerio del Interior; con una petición de asilo; en la Audiencia Nacional, donde solicitó que se le considere testigo protegido para colaborar en una causa sobre terrorismo internacional; y en el Tribunal Supremo, donde recurrió el acuerdo del Consejo de Ministros que; el 3 de marzo de 2020, aprobó su extradición para ser juzgado en el distrito sur de Nueva York.
La propia Sala de lo Penal ha acusado a Carvajal de desplegar una “estrategia dilatoria” después de que El Pollo acusase a Podemos de recibir pagos del Gobierno venezolano, lo que provocó la reapertura de una investigación archivada en 2016 sobre la supuesta financiación irregular del partido de izquierdas.
“[La] voluntad de Carvajal de pretender colaborar con la justicia española sería una maniobra dilatoria del proceso de extradición, que ya logró dilatar al no comparecer voluntariamente ante esta Sección una vez dictado el 8 de noviembre de 2019 el auto de prisión, y busca y captura”, detallaron los magistrados, que remacharon: “[Entonces] fue necesaria su detención policial”.